Movimiento popular, transición democrática y la caída de Fujimori

urante los últimos días del pasado mes de julio, mientras el entonces presidente Alberto Fujimori se aprestaba a inaugurar su tercer periodo presidencial, las calles y plazas de Lima y el resto del país fueron escenario de una movilización popular sin precedentes.�En la semana previa a la «auto-inauguración» de Fujimori del 28 de julio, una serie de manifestaciones organizadas por estudiantes, sindicatos obreros y otras organizaciones mantuvieron en vilo a la ciudad capital.�

Particularmente impresionantes fueron dos grandes marchas de mujeres —una de las cuales fue brutalmente reprimida por la policía.� La noche anterior a la inauguración de este tercer mandato, una gran marcha congregó en las plazas de Lima a unas 100,000 personas procedentes de todo el país. Simultáneamente se llevaron a cabo acciones similares en pueblos y ciudades provincianas ¹ .� Esta movilización, denominada como Marcha de los Cuatro Suyos —en referencia a las cuatro regiones ( suyus) en que se dividía el Imperio Inca— y llevada a cabo durante las Fiestas Patrias (26-28 de julio), fue resultado del llamado del candidato de oposición Alejandro Toledo a manifestarse en contra de las fraudulentas elecciones que permitieron la «reelección» de Fujimori.� En realidad, se trató de la segunda vez que se organizaba una protesta en contra del gobierno bajo esta denominación.� En julio de 1999, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto con frentes regionales, denominó como Marcha de los Cuatro Suyos a la protesta nacional convocada en esa ocasión.� La movilización estuvo dirigida en contra de los intentos reeleccionistas de Fujimori y a favor de las demandas por una efectiva descentralización y por elecciones inmediatas de autoridades regionales —suspendidas indefinidamente por Fujimori desde 1992—.� Esta primera Marcha de los Cuatro Suyos se llevó a cabo inmediatamente después de una serie de eventos conmemorando el vigésimo aniversario del masivo Paro Nacional convocado por organizaciones obreras, campesinas y populares, y partidos políticos de izquierda el 19 de julio de 1979. ²

En la segunda Marcha de los Cuatro Suyos, a la CGTP y los frentes regionales se unieron otras organizaciones populares entre las que se incluían federaciones estudiantiles, ONGs, grupos de mujeres, asociaciones barriales y numerosos partidos políticos —con y sin representación parlamentaria—, incluyendo Perú Posible (PP) de Alejandro Toledo.� Como expresión orgánica del profundo sentimiento contra el autoritarismo de Fujimori, el comité organizador de la marcha tuvo una representación bastante amplia. Éste incluía a destacados representantes de las agrupaciones de izquierda, del movimiento obrero, intelectuales y políticos, así como también a miembros de la campaña política de Toledo y parlamentarios de la oposición. ³

La extensión y alcance del apoyo popular a la Marcha de los Cuatro Suyos es difícil de explicar si reducimos sus motivaciones a una de las dos explicaciones más frecuentemente citadas por la prensa: apoyo a la candidatura de Toledo, y/o descontento con el fraudulento proceso electoral.� A pesar de que estos factores fueron importantes catalizadores de la movilización popular, una explicación más profunda de los sucesos que eventualmente conducirían a la caída de Fujimori también debe tener en cuenta dos elementos estructurales de la sociedad peruana: (1) las largamente postergadas demandas de reforma política y económica en un país devastado por varias décadas de transformación neoliberal, centralización de poder, corrupción endémica y socavación legislativa de las instituciones de gobierno elegidas local y regionalmente; y (2) una cultura democrática popular, legado de una sostenida cultura de rebeldía.� Esta cultura de disidencia constituye tal vez, el más importante legado de la otrora importante izquierda peruana.� Referirse al «movimiento popular» como respuesta coyuntural al primer, más especifico, conjunto de demandas, sin consideración de la relación de su repertorio de acciones y sentimientos, con el segundo más amplio —y profundo— conjunto de condiciones históricas y culturales, implica una interpretación errónea de la naturaleza e importancia del papel del movimiento popular en el más amplio proceso denominado como de «transición a la democracia».

En este artículo reconsideramos al movimiento popular,� a la política izquierdista de la cual se deriva y al rol de los intelectuales socialistas, marxistas y progresistas.� Argumentamos específicamente que la importancia del movimiento popular para el entendimiento de las transiciones políticas, descansa tanto en su presencia pública y voluntad de confrontar al poder, como en su conexión histórica a los proyectos utópicos y modernidades que desafían la narrativa dominante de desarrollo económico.� Mientras que muchos analistas se han concentrado en la fragmentación y localización de las identidades como aspecto esencial o central de los llamados «nuevos movimientos sociales», nosotros no consideramos a los movimientos sociales ni como «nuevos», ni como parte de una «nueva» realidad económica o social.� Más bien, los analizamos como producto del conjunto específico de experiencias y discursos políticos que han dado forma a las luchas populares de las ultimas décadas.� Así, con la intención de enfatizar esta frecuentemente silenciada genealogía histórica,� en vez de «movimientos sociales» con su implicado, sino implícito, prefijo de «nuevos», utilizamos la denominación de movimiento popular ⁴ .� Por movimientos populares nos referimos a los movimientos colectivos, acciones y organizaciones de los sectores pobres y marginalizados de la población peruana urbana y rural.� Dadas las actuales circunstancias del Perú, los movimientos populares también incluyen grupos profesionales y sectores medios cuya posición social y económica se han visto desmejoradas a consecuencia de los programas de austeridad y las políticas de ajuste.

En primer lugar revisamos muy brevemente el papel de los movimientos populares en los eventos más recientes, y la paradoja aparente entre el rol de estos movimientos populares en la esfera publica y su virtual invisibilidad en el lenguaje oficial de la «transición política».� Seguidamente consideramos como elemento fundacional de este movimiento popular sus relaciones con las tradiciones políticas, culturales e intelectuales de la izquierda peruana.� Sugerimos que esta sumergida —y muchas veces escarnecida— asociación con el legado, retórica, y aspiraciones de la izquierda, explica tanto la elisión de los movimientos populares de las representaciones intelectuales y oficiales del «proceso político», como la cautela con la cual miembros de la oposición parlamentaria acomodaron y encorsetaron su alianza táctica con el movimiento popular.

Crisis política y movilización popular

Durante sus años finales, el gobierno de Fujimori fue testigo de un firme y continuo incremento de las movilizaciones populares.� Entre sus expresiones más importantes estuvieron las marchas, manifestaciones y paros convocados por varios movimientos regionales.� Dirigidos en muchos casos por alcaldes de partidos opositores estos movimientos demandaban la reinstalación de los gobiernos regionales elegidos democráticamente desmantelados por Fujimori después de sus reformas del poder legislativo y sistema judicial de 1992.� Otras demandas se dirigían contra la naturaleza antidemocrática del régimen fujimorista y de sus políticas económicas y sociales, y en contra de la privatización de empresas estatales y recursos nacionales.� Estos movimientos fueron el resultado de arraigados y viejos sentimientos regionales en contra del virtual monopolio del poder económico y político, especialmente el control de los recursos fiscales y� el desarrollo regional, ejercido desde la ciudad de Lima. ⁵

Otros movimientos surgieron a raíz de las demandas de estudiantes y trabajadores.� En aquellas universidades controladas por autoridades impuestas por el gobierno, los estudiantes demandaron la restitución de la autonomía universitaria.� Trabajadores de construcción civil, maestros y trabajadores de la salud se congregaron alrededor de demandas salariales y mejores condiciones de trabajo.� Trabajadores petroleros, portuarios, y telefónicos lucharon en contra de las privatizaciones fujimoristas mediante ambiciosas campañas nacionales. El creciente y arrogante desprecio de Fujimori hacia los procedimientos legales y principios constitucionales no logró sino intensificar la cólera y el descontento populares.� Ante la exitosa campaña por un referéndum en contra de la privatización de la industria petrolera, por ejemplo, la mayoría fujimorista en el Congreso apuradamente aprobó una ley restringiendo el derecho constitucional al referéndum ⁶ .�

Cuatro meses más tarde, en agosto de 1999, Fujimori incitó nuevamente la cólera popular al modificar el precepto constitucional que prohibía una segunda reelección presidencial consecutiva.� Su nueva ley —denominada como «ley de interpretación auténtica»— permitía a Fujimori postular una tercera vez al «interpretar» la cláusula contenida en su propia Constitución de 1993, señalando que su primera elección de 1990 no debería tomarse en cuenta por haber ocurrido bajo otra constitución.� Cuando el Tribunal Constitucional anuló esta muestra de alquimia legislativa, Fujimori simplemente defenestró a los magistrados que se opusieron a su maniobra y los reemplazó con incondicionales a su persona.� Como sucediera con el caso del frustrado referéndum, esta medida dio lugar a una serie de protestas en Lima y en otras ciudades del país.

Mayores evidencias de las tendencias autoritarias emergieron con la creciente visibilidad de Vladimiro Montesinos, asesor y zar de inteligencia de Fujimori.� Como arquitecto y director del recién creado Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), Montesinos montó un extenso sistema de espionaje concentrado en miembros de la oposición y los movimientos populares.� Durante los años que precedieron a la elección del año 2000, Fujimori y Montesinos reemplazaron la casi totalidad de los puestos claves de las fuerzas armadas con cómplices de este último.� Al mismo tiempo —según dieron cuenta los medios de oposición, y alcanzando niveles nunca registrados en la historia del país— se generalizaron la corrupción gubernamental, el enriquecimiento ilícito a través de las privatizaciones de empresas públicas, la participación de funcionarios civiles y militares en el trafico de drogas, y la utilización del sistema de tributación (SUNAT) para hostigar a la oposición.

El 27 de diciembre de 1999,� Fujimori tomó la decisión de lanzar su campaña electoral por un tercer —e ilegal— periodo, lo que, en este contexto, desató una oleada de protesta popular que alcanzaría su clímax en la Marcha de los Cuatro Suyos.� El 6 de enero, después de dos décadas de movilizaciones por lo general espontáneas e inarticuladas, sindicatos de trabajadores, confederaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, grupos de retirados, veteranos de la guerra con Ecuador, frentes regionales y partidos políticos levaron a cabo una masiva jornada de protesta.� Después de marchar por el centro de Lima divididos en tres columnas encabezadas por federaciones estudiantiles, confederaciones campesinas, y sindicatos, unas treinta mil personas se reunieron en una manifestación en una céntrica plaza.� En otros lugares del país, bajo la significativa consigna de «¡El Miedo se Acabó!»,� marchas y manifestaciones, paros regionales y bloqueos de carreteras jalonearon esta manifestación, sin precedentes desde principios de la década de 1980. Estos sucesos marcaron también un cambio en la apatía, el cinismo y el derrotismo prevalecientes hasta ese entonces en el ánimo y disposición de los sectores populares.

La preocupación publica con la corrupción alcanzo su punto de ebullición el 29 de febrero, cuando a través de la prensa se reveló que Perú 2000 —la alianza política que apoyaba la candidatura de Fujimori— había falsificado un millón de firmas en las planillas de su registro electoral.�� A su vez, este hecho fue seguido de una serie de escándalos en los que se revelaban los preparativos del gobierno para el fraude electoral, la utilización de personal militar en la campaña y propaganda electorales, y el financiamiento de tabloides sensacionalistas en los que se denigraba y difamaba a figuras de la oposición.

En este contexto, con el apoyo de organizaciones populares, la recientemente creada Coordinadora Nacional de Frentes Regionales preparó una segunda Jornada Nacional de Protesta los días 12 y 13 de marzo, evento que, nuevamente, atrajo gran número de gente a las manifestaciones callejeras.� Cuando los tres más importantes candidatos opositores fracasaron en el intento de presentar una candidatura única, el movimiento popular aumentó su presión en contra de la reelección a través de un exitoso Paro Cívico el 23 de marzo. ⁷

También protagonizó una fuerte recuperación la organización campesina severamente golpeada durante los años 80 tanto, tanto por la violencia de las fuerzas armadas como por la del PCP-Sendero Luminoso, así como por el desdén de las políticas neoliberales hacia la agricultura campesina, considerada ineficiente e improductiva.� La movilización campesina se articuló alrededor de demandas de mejores precios para sus cosechas, regulación de productos agrícolas importados, y por una efectiva política agraria gubernamental. Conducidos por la Confederación Campesina del Perú, de orientación izquierdista, y la Confederación Nacional Agraria —creada en los años 70 por el gobierno militar en apoyo a su reforma agraria— los campesinos llevaron a cabo paros regionales, bloqueo de carreteras y marchas en los departamentos de Cuzco, Apurímac, Junín, Puno, Cajamarca, Huancavelica y Lambayeque.

Junto a estas formas de protesta más familiares, también surgieron organizaciones de nuevo tipo. Organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de artistas e intelectuales y, especialmente, de jóvenes, desarrollaron formas bastantes creativas de protesta participatoria en las principales plazas y espacios públicos de Lima y ciudades provincianas.� Las organizaciones de derechos humanos llevaron a cabo campañas nacionales en contra de las leyes de impunidad y por la completa revelación de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra contrainsurgente de la década de 1980.� Organizaciones cívicas o de ciudadanos como el Frente Democrático y Transparencia cumplieron el papel de defensores de los derechos democráticos y constitucionales, de la libertad de prensa, y de elecciones libres.� Finalmente, colectivos conformados por artistas, profesionales, jóvenes, intelectuales y estudiantes protagonizaron periódica y sistemáticamente acciones públicas de gran contenido simbólico cuya irreverencia y actitud desafiante cumplieron un papel importante en socavar el aura de invencibilidad y omnipresencia tan cuidadosamente cultivada por el espectacular aparato de inteligencia y vigilancia en el que se sustentaba Fujimori ⁸ .

En esta atmósfera crecientemente contenciosa, la proclamación de la victoria electoral de Fujimori la noche de la elección del 6 de abril —a contramano de las predicciones de las encuestas a pie de urna y del conteo oficial— fue recibida por una espontánea y masiva manifestación de unas cincuenta mil personas en el centro de Lima.� Durante los tres días siguientes, con la participación de jóvenes y estudiantes, el país fue testigo de las hasta ese momento más grandes manifestaciones en contra de Fujimori.� Alejandro Toledo optó por no participar en la segunda vuelta electoral, proponiendo más bien la creación de un Frente Democrático Nacional para enfrentarse a Fujimori.� Una serie de marchas y movilizaciones de ancha base demandan la convocatoria a nuevas elecciones.� La Marcha de los Cuatro Suyos marcó la cúspide de esta efervescencia popular antifujimorista y al mismo tiempo puso en evidencia el sostenido legado de la izquierda, cuyos modos de protesta y cuya retórica dominaron el repertorio cultural de la Marcha. ⁹

Pasada la instalación presidencial, la atención publica se centralizó en las negociaciones entre representantes del gobierno y la oposición auspiciadas por la OEA.� Hasta mediados de septiembre, las manifestaciones se calmaron momentáneamente, hasta que la televisión mostró un video en el que se veía a Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista opositor con el propósito de que cambiara de bando.� Las organizaciones populares, una vez más, se lanzaron a las calles demandando la renuncia de Fujimori, la reorientación de sus políticas neoliberales y la mejora de las condiciones de vida y trabajo.� En esas circunstancias y ante una gran presión internacional, Fujimori anunció el recorte de su mandato a un año. Mientras tanto, su cómplice Montesinos huyó del país hacia Panamá.� Dadas estas condiciones, la movilización popular se intensificó con movilizaciones casi diarias.� Por su parte, la Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP) demandó la renuncia inmediata del acorralado presidente, la creación de un gobierno de emergencia nacional y nuevas elecciones generales y regionales.� Sus demandas también incluían el castigo a funcionarios corruptos y el establecimiento de una nueva estrategia económica que dé prioridad a la creación de trabajo y salarios ajustados al costo de vida. Sobre esta plataforma coincidieron las organizaciones populares que lanzaron una nueva oleada de protesta que incluyó un Día Nacional de Lucha en octubre, durante el cual se realizaron en Lima marchas y manifestaciones, paros regionales en diez departamentos y una huelga campesina de dos días de duración.

Contrastando con las demandas populares de renuncia inmediata de Fujimori —sustentadas en las encuestas de opinión publica— la oposición parlamentaria mantuvo su apoyo a una transición negociada.� En las conversaciones auspiciadas por la OEA entre representantes gubernamentales y de la oposición parlamentaria, se estableció como fecha para nuevas elecciones el 9 de abril del ano 2001. Muchas veces rotas por la inflexibilidad de los representantes del gobierno, por su insistencia en una amplia amnistía a los militares acusados de violación de los derechos humanos, y por su negativa a explicar la presunta asistencia del gobierno a Montesinos en su escape a Panamá, en los ojos de la opinión publica las negociaciones fueron percibidas como otra treta más de Fujimori y Montesinos para mantenerse en el poder. Estas percepciones se vieron más animadas por el sorpresivo retorno de Montesinos al país� después de un mes de su espectacular escape.

Intentando recuperar el ímpetu de la Marcha de los Cuatro Suyos un ansioso Toledo se lanzó a las calles en una cuidadosamente orquestada —y no muy concurrida— manifestación construida como parte de la oleada de protesta en marcha.� En esta ocasión, sin embargo, no se encontraba entre los invitados un solo representante de los sindicatos y organizaciones regionales que habían estado al centro de las movilizaciones antifujimoristas.

En unos pocos días, a medida que se desmoronaba el régimen, el país fue testigo de la renuncia del vice-presidente, la deserción de algunos de los fujimoristas en el Congreso y la rebelión de un pequeño destacamento militar en la región surandina.� Las demandas de los militares rebeldes —la renuncia de Fujimori, el encarcelamiento de Montesinos, y la remoción del estado mayor de las fuerzas armadas— fueron muy bien recibidos por la población.� En una maniobra sin precedentes, reservistas y veteranos de la guerra con Ecuador de 1995 (al momento en serios conflictos con el gobierno por el monto de sus pensiones) se manifestaron y marcharon en indumentaria militar en apoyo a los rebeldes.� Con el ánimo de plegarse a su levantamiento, cientos de ellos se movilizaron a las alturas andinas en donde se habían atrincherado los rebeldes. El espontáneo apoyo popular disuadió a las desmoralizadas e impopulares fuerzas armadas de emplear la fuerza.� En un esfuerzo de último minuto Fujimori se lanzó en contra de Montesinos dando a conocer información de sus millonarias cuentas bancarias en Suiza.� Por su parte, los representantes del gobierno perdieron la iniciativa en la Mesa de Negociación, dando a la oposición la oportunidad de presionar por la aprobación de acuerdos relativos a la reforma del poder judicial y las autoridades electorales.� Finalmente, la revelación de otro video —en el cual Montesinos brindaba con los altos mandos de las fuerzas armadas por su apoyo a la campaña electoral de Fujimori— aceleró el desarrollo de los eventos.� Esta irrefutable evidencia de la participación militar en el fraude electoral puso al régimen al borde del colapso.� Nuevas deserciones permitieron el reemplazo de la presidenta del congreso —entusiasta partidaria de Fujimori y pilar de su control del poder legislativo—.� Finalmente, el 13 de noviembre, la rata más grande abandonó el barco: utilizando como pretexto su asistencia a una conferencia internacional en Brunei, Fujimori salió del país. Durante su ausencia las organizaciones populares realizaron otra exitosa Jornada Nacional de Protesta seguida de una huelga campesina de 72 horas. Asimismo, éstas anunciaron una huelga general a iniciarse el 25 de noviembre hasta lograr la caída de Fujimori.� El 19 de noviembre, desde Tokio, Fujimori envió al congreso su carta de renuncia.

Bajo el liderato de Valentín Paniagua —un experimentado congresista y constitucionalista del centrista Acción Popular— como presidente provisional, el nuevo gobierno lo conforman tecnócratas y profesionales con relativas credenciales democráticas, con conocimiento de sus respectivos campos y de gran experiencia. En su conjunto representan un amplio espectro político desde la derecha hasta la centro-izquierda.� Aunque los nuevos Ministros de Justicia y de Asuntos de la Mujer han coordinado acciones con representantes de las organizaciones femeninas y de derechos humanos, los importantes puestos en economía, finanzas e industria han sido diseñados para excluir al movimiento popular.� Aun más preocupante es el hecho que ninguno de los miembros del nuevo gabinete tiene relaciones orgánicas con los problemas y demandas regionales.� Consecuentemente, los movimientos regionales y organizaciones laborales mantienen sus demandas de reemplazo inmediato de las autoridades nombradas por Fujimori y su reemplazo por funcionarios elegidos democráticamente. De la misma forma las organizaciones laborales también han expresado sus reservas respecto al� nuevo Ministro de Trabajo, quien anteriormente desempeñó como funcionario del gremio empresarial y en algún momento apoyó la legislación laboral de Fujimori.

Contrastantes visiones de la democracia

Los sucesos conducentes a la caída de Fujimori revelan la gran diversidad de voces, actores y agendas políticas que convergieron en el impulso democrático y� por nuevas elecciones. Congresistas de la oposición presionaron por un gobierno en el cual pudieran tener una verdadera voz.� Oscuras facciones dentro del servicio de inteligencia y las fuerzas armadas (presumiblemente con la cooperación de la CIA) actuaron para destronar a Montesinos, mientras otras se aprestaron a protegerlo (así como a sí mismas).� Funcionarios del Departamento de Estado norteamericano cabildearon por el arresto de Montesinos y la realización de nuevas elecciones.� La OEA al principio vaciló para después actuar más decididamente a través de acciones que le permitieran restablecer su autoridad como la institución tutelar de la democracia de libre mercado de América Latina.� Los representantes de las elites políticas de Lima se pusieron de acuerdo para presionar a la OEA, los Estados Unidos y otros observadores internacionales.� Finalmente, los diferentes participantes que conformaban lo que denominamos como movimiento popular organizaron numerosas y cotidianas acciones a través de las cuales demandaban respeto al proceso electoral y expresaban su disgusto con el creciente autoritarismo de Fujimori y su gobierno anti-democrático.

Estas diversas fuerzas coincidieron más o menos espontáneamente alrededor de una agenda y una demanda comunes: deshacerse de Fujimori y restaurar la democracia.� Sin embargo, cada uno de estos participantes trajo consigo por lo menos dos visiones contrastantes de «la democracia». Para muchos en el movimiento popular, «la democracia» consiste en un conjunto algo desordenado y desarticulado de demandas morales vinculadas con deseos de justicia y participación. Demandas democráticas que descansan en el entendimiento de que un orden social verdaderamente justo no se reduce solamente al sufragio universal y elecciones libres, sino que también debe incorporar más equitativa distribución de oportunidades y recursos económicos.� Tales deseos no siempre se traducen en demandas socialistas tradicionales.� Más bien frecuentemente recurren al lenguaje de oportunidad y libertades individuales del liberalismo clásico y la retórica del libre mercado que han dominado el discurso publico en el Perú de las dos ultimas décadas.� Sin embargo estos deseos y aspiraciones resuenan con las que pueden ser consideradas como las aspiraciones izquierdistas tradicionales de justicia social.� Traducidas estas promesas de «las oportunidades» y «democracia» del libre mercado, en una economía moral de justicia social y en la demanda de poner fin a las reformas neoliberales, el movimiento popular coloca a las elites políticas ante una paradoja.� Aunque articulados en el familiar lenguaje de reforma democrática, sus deseos de cambio son mucho más profundos que cualquiera de los que puedan ser conjurados por la tradición liberal en la cual consideraciones de justicia económica y social han sido históricamente dejados de lado como anatemas a la lógica del mercado y acumulación capitalista.

De allí que no sea sorprendente la marginalización del movimiento popular del otro más limitado entendimiento de «la democracia» favorecido por la elite política.� Esta clase política incluye a representantes de los «viejos partidos» como el APRA (Accion Popular Revolucionaria Americana) de orientación social-demócrata, el derechista PPC (Partido Popular Cristiano) y el centrista Acción Popular, así como a casi la totalidad de «nuevos partidos», desde el derechista Renovación (vinculado al Opus Dei) hasta la Unión por el Perú (UPP) de centro-izquierda, conformado de antiguos socialistas y católicos radicales. Dentro de éstos, también se incluyen los representantes de la clase empresarial, principalmente agrupados en la Confederación de Industriales y Empresarios del Perú (CONFIEP).� Casi sin excepción, todos los aquí nombrados también apoyan la idea de una economía de «libre mercado» y las otras doctrinas fundacionales del «consenso de Washington».� Ése es, por supuesto, el caso de Alejandro Toledo —y su agrupación Perú Posible (PP)—,� doctorado en Economía de los Recursos Humanos por la Universidad de Stanford, con experiencia laboral en el Banco Mundial.

A pesar de su crucial papel en la movilización que socavó la legitimidad del régimen, el movimiento popular y la oposición extra-parlamentaria solo tuvieron el más marginal de los roles en la transición «oficial» orquestada entre el políticos gobiernistas y opositores, algunas ONGs y el representante de la OEA.� La presencia de un solo dirigente de la CGTP fue meramente simbólica en la mesa de negociación convocada por el representante de la OEA, mientras que la mayoría de los lugares fueron ocupados por miembros de los partidos de oposición con representación parlamentaria, así como representantes de organizaciones de derechos humanos, y escogidos representantes de la «sociedad civil.� No fueron considerados parte de la transición los movimientos regionales, las confederaciones campesinas y organizaciones profesionales, ni tampoco miembros de ONGS representativas y grupos de ciudadanos.

¿Cuáles son, entonces, los sustentos de esta democracia excluyente?� Como en otros países latinoamericanos, la elite peruana sigue rondada por un residual y, a veces, pobremente articulado miedo de «las masas».� En el Perú, donde algunos limeños se imaginan� a sí mismos como más blancos y más civilizados que el resto del país, este miedo de «las clases peligrosas» está teñido de un particular desdén hacia las más oscuras y más bajas clases provincianas.� Sin embargo, lo racial no ofrece una explicación suficiente de la cautela con la que la elite política ha tratado al movimiento popular de masas en el reciente proceso electoral.� Más bien, como la muchas veces burda manipulación del lenguaje racial de la campaña del «cholo» Toledo lo deja en claro, la división histórica entre la elite política criolla o «blanca» y las masas provincianas más oscuras no es tan nítida en el Perú actual.� Lo que está en juego es más bien un complejo rediseñamiento de los lenguajes de distinción racial y regional que dividían al Perú hasta la década de 1960.� De esta década se heredó el miedo hacia la insurgencia comunista predicado por la ideología de la Guerra Fría.� De las dos décadas siguientes provienen las memorias de un movimiento popular asociado con el denigrado populismo y nacionalismo del gobierno militar de Velasco Alvarado, como con la actividad de la gran gama de partidos socialistas que operaban desde los márgenes del gobierno militar o en oposición a este.� De la década de los ochenta provienen las aun más vívidas memorias de la brutal guerra de contra-insurgencia y el terrorismo de Sendero Luminoso.� Su resultado es una exagerada percepción de la presencia de «las masas» como factor —aunque algunas veces conveniente-- de destrucción o desorganización de un supuestamente ordenado proceso de transición.� Noción de transición la cual, curiosamente, carece de sujeto histórico o social. La «transición» es concebida como un proceso político guiado y diseñado desde las alturas por los políticos, analistas y politicólogos profesionales. ¹⁰

Para los teóricos (y arquitectos) de la reciente «transición» democrática peruana, la amenaza del movimiento popular reside precisamente en sus asociaciones con el muy reciente pasado, cuando la izquierda y las ideas izquierdistas dominaban la cultura y la imaginación nacionalista de sectores significativos de la población peruana.� El movimiento popular se presenta problemático para quienes la transición democrática significa la posibilidad de lograr una mayor gobernabilidad a través de un cambio de régimen, más que mediante estrategias alternativas de desarrollo económico-social, debido a que su sola presencia sugiere la necesidad de una alternativa ética, política y moral a la «democracia realmente existente». ¹¹ La indecisión de Toledo de forjar un más profundo y sustantivo acercamiento al movimiento popular que tan entusiasta y combativamente respondió a su llamado a la movilización,� es reflejo de esta actitud hacia las clases populares y la oposición extra-parlamentaria en general.

La izquierda como formación cultural

La excesiva atención puesta sobre Fujimori, Montesinos y, antes, sobre Sendero Luminoso, ha eclipsado el hecho de que el país que ha ganado fama como el hogar de los neo-liberales más autoritarios y la más brutal guerrilla de América Latina, en algún momento también albergó� a una numerosa e importante izquierda y a una gran variedad de organizaciones sociales populares que abarcaban desde sindicatos obreros y federaciones campesinas bien establecidos hasta improvisados comedores populares y asociaciones de madres en barrios marginales. ¹² � Sin embargo, estas formas de organización popular no surgieron de la nada, sino más bien han sido producto histórico de una larga —y continua— conversación con partidos, ideas e intelectuales izquierdistas.� Esta interacción con la izquierda ha dado forma a gran parte del repertorio cultural, los estilos de movilización y las demandas de justicia social que caracterizaron la reciente oleada de manifestaciones en contra del régimen de Fujimori.

Tres momentos históricos fueron especialmente relevantes para la formación de esta cultura de resistencia y acción democrática.� Su primer momento fundacional ocurrió durante las décadas de los veinte y treinta con el proyecto intelectual y político de José Carlos Mariátegui.� Desde sus momentos iniciales, el proyecto socialista en el Perú —como en el resto del planeta— se estructuró simultáneamente como proyecto de clase y como proyecto intelectual.� Partidos y organizaciones izquierdistas en conjunto con la organización de los trabajadores se legitimaron a sí mismos como los «agentes de lucha» del proyecto socialista.� De otro lado, académicos e intelectuales socialistas a través de instituciones culturales y educativas, así como mediante periódicos, revistas y «universidades populares», se erigieron en sus «agentes de entendimiento».� Sus interpretaciones, análisis y representaciones de la historia y la sociedad peruanas, basados en� el Marxismo, constituyeron la piedra fundacional de un proyecto pedagógico orientado hacia la educación de la clase trabajadora, los sectores populares y la misma izquierda. ¹³
Esta temprana formación intelectual izquierdista fue decisiva en el desarrollo de la política y la cultura peruana modernas ¹⁴ .� Tanto el anti-imperialismo de Haya de la Torre, fundador del APRA, como años más tarde el nacionalismo reformista de Juan Velasco Alvarado (1968-1976), pueden ser considerados discursos derivativos de la interpretación socialista de Mariátegui ¹⁵ .� Los socialistas peruanos de ese entonces sin embargo no se inspiraron exclusivamente en las tradiciones revolucionarias internacionales.� También hicieron un esfuerzo conciente por entender y adoptar tradiciones de resistencia locales, regionales y nacionales, como las de los trabajadores mineros y textiles en sus enfrentamientos con el capital extranjero, del campesinado en su lucha contra la explotación terrateniente, y la de los sectores medios regionales en sus resistencia contra el centralismo limeño.� Al mismo tiempo, las organizaciones populares en interacción con los partidos socialistas, también incorporaron elementos del discurso y pensamiento críticos de los intelectuales socialistas, en sus estrategias objetivos y deseos. ¹⁶

Un segundo momento fundacional tuvo lugar cuatro décadas más tarde durante los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. La vehemente retórica anti-oligárquica y anti-imperialista de Velasco y sus llamados a la realización de un «socialismo de participación plena» galvanizaron la imaginación política popular.� Durante su estadio inicial —especialmente con la nacionalización de las corporaciones mineras y petroleras extranjeras, y la Ley de Reforma Agraria de 1969— el gobierno militar logró la neutralización de las organizaciones obreras y campesinas existentes,� el apoyo del Partido Comunista Peruano y de algunos intelectuales izquierdistas y la creación de sus propias organizaciones corporativistas entre trabajadores, campesinos y pobladores marginales.� Sin embargo, una creciente crisis económica creó las condiciones para una intensa movilización y organización izquierdistas en contra de las practicas anti-democráticas de Francisco Morales Bermúdez —el sucesor, a la derecha, de Velasco Alvarado—.� Durante este periodo, la izquierda juntó fuerzas con sindicatos, confederaciones campesinas, asociaciones barriales, frentes regionales y otras organizaciones populares que protagonizaron una serie de movilizaciones regionales que culminaron en el Paro Nacional del 19 de julio de 1979 y que condujeron por último al fin del régimen militar.

Durante esta «transición a la democracia», los intelectuales izquierdistas cumplieron un importante papel como asesores de organizaciones populares, asentamientos marginales, cooperativas rurales, etc.� Al mismo tiempo, centros de investigación, periódicos y revistas de orientación izquierdista intervenían activamente en los debates y polémicas políticos, culturales e intelectuales. Esta presencia pública de profesionales y académicos izquierdistas, así como la difusión de sus puntos de vista, fueron importantes para dar forma tanto a las aspiraciones populares de un orden social democrático, como a las movilizaciones que pondrían fin al régimen militar iniciado en 1968.� Asimismo, la presencia izquierdista también fue un factor decisivo en los debates surgidos en la Asamblea Constitucional de 1978-1979 y en las elecciones de 1980 a través de las cuales se logro la transición democrática. ¹⁷

Los años siguientes, la difusión y prominencia de intelectuales e ideas izquierdistas contribuyó a la consolidación de la izquierda como una importante fuerza electoral.� En las elecciones generales de 1980 (para presidente y congresistas), la izquierda dividida en cinco listas sólo obtuvo 14% de la votación.� Poco después de las elecciones, los partidos de izquierda conformaron el frente de Izquierda Unida (IU).� Bajo este formato, la izquierda alcanzó el 30% del voto en las elecciones municipales de 1983. ¹⁸ � Desde su posición en los gobiernos municipales de importantes ciudades como Lima, Cuzco y Puno, políticos e intelectuales izquierdistas ejercieron significativa influencia sobre el pensamiento estratégico y cultural, y las aspiraciones políticas de las organizaciones populares.

Lejos de contentarse con el establecimiento de un sistema democrático formal, las organizaciones populares —en asociación con partidos e intelectuales izquierdistas— mantuvieron sus demandas por una mayor participación en gobiernos regionales y programas de desarrollo.� Asimismo, se opusieron a los programas de austeridad impuestos por el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos elegidos de Fernando Belaúnde y Alan García.� También asumieron una actitud de defensa en contra de los despidos de trabajadores,� el desmontaje parcial de la Reforma Agraria, la reducción del crédito a los productores agrarios, y la drástica reducción de los servicios públicos.� Asimismo, las luchas y movilizaciones por la protección del medio ambiente y los recursos naturales, por el reconocimiento de las rondas campesinas y de las ocupaciones de tierras, dio lugar al surgimiento de nuevas o renovadas� organizaciones.

Este momento de consolidación de hegemonía cultural izquierdista coincidió sin embargo con el inicio de la lucha armada del Partido Comunista del Perú — Sendero Luminoso (PCP-SL).� La enconada y brutal guerra contrainsurgente que siguió a ésta tuvo a las organizaciones y dirigentes populares, partidos y activistas izquierdistas entre sus principales víctimas.� La peculiar interpretación del PCP-SL, por la cual se consideraba a la violencia como «ley histórica universal» y a la lucha armada como una cruzada purificadora, también hizo enemigos principales de los partidos «revisionistas» de la IU y del movimiento popular independiente o afiliado a éstos.�� La brutalidad de los «escuadrones de aniquilamiento» del PCP-SL se equiparó a la «violencia ejemplarizadora», es decir las masacres y desapariciones selectivas de dirigentes populares y cuadros izquierdistas llevadas a cabo por las fuerzas armadas.� En esta atmósfera de terror y miedo, se hizo bastante difícil, sino imposible, proseguir con la organización de proyectos estratégicos de transformación.�

Las dificultades que planteó la organización y movilización de ideales y organizaciones populares en un contexto de guerra, se exacerbaron con los desafíos discursivos de mantener una crítica izquierdista coherente, planteados por el masivo mercadeo de la ideas neoliberales.� Los efectos anonadantes y desmoralizantes que sobre la izquierda y los intelectuales izquierdistas a escala mundial tuvo la «charlatanería globalizante», la ideología del libre mercado, «el fin de la historia» y el colapso del «socialismo realmente existente», se exacerbaron en el Perú con los traumáticos efectos de la guerra en la década de 1980. ¹⁹ � La incorporación, por parte del PCP-SL, de sus tácticas autoritarias y terroristas sobre la familiar retórica izquierdista de lucha, dio lugar a un paisaje discursivo en el cual se hizo cada vez más difícil expresarse públicamente en defensa de cualquier ideal izquierdista.� Sin embargo, esta parálisis o silencio discursivo se prolongó más allá de la derrota del PCP-SL el año de 1992, gracias a la insistencia de Fujimori sobre la necesidad de mantener la vigilancia en contra de la supuesta amenaza del resurgimiento del «terrorismo».� A través del uso de recursos estatales y su manipulación de la asistencia internacional, Fujimori fue capaz además de cooptar organizaciones populares como Comités del Vaso de Leche, comedores populares y organizaciones campesinas.�

Las victorias electorales de la izquierda, su rol formativo en el surgimiento y expansión del movimiento popular, su visibilidad en debates y círculos intelectuales nacionales, su presencia en la lucha en contra del PCP-SL, y su defensa de los derechos humanos, hacen posible argumentar la existencia de una efectiva hegemonía cultural izquierdista durante el periodo que se prolongó aproximadamente entre los movimientos campesinos de la década de 1960 hasta la derrota de la izquierda por la acción combinada del PCP-SL y las fuerzas armadas en 1988.� De otro lado, entre 1990 y 1997, durante el clímax del autoritarismo populista de Fujimori, tuvo lugar un retroceso temporal tanto de la organización popular independiente, como de todo pensamiento crítico sistemático de izquierda.� Este periodo de hegemonía cultural izquierdista proporcionó el marco histórico y discursivo dentro del cual se constituyó e internalizó en el discurso publico y en la imaginación popular la idea de un movimiento social o popular como elemento fundamental o permanente de un nuevo orden cultural.� Recíprocamente, desde el punto de vista de los pobres y los trabajadores peruanos, la participación en una u otra forma de organización popular les proporcionó las experiencias, relaciones sociales y memoria histórica que en su conjunto constituyen la identidad social.

La compleja e idiosincrásica relación entre el estado, la sociedad civil y los movimientos sociales en el Perú actual, no pueden explicarse sin tomar en consideración estas experiencias de las décadas de 1970 y 1980.� Durante estas «décadas perdidas», la izquierda y el movimiento popular desafiaron la naturaleza centralista del estado peruano, las raíces excluyentes de su democracia electoral, el favoritismo regional y de clase de sus políticas económicas, y la continuidad de las practicas políticas oligárquicas.� En su discurso utópico la izquierda contemplaba� un lugar para el movimiento popular tanto en la continua lucha en la construcción de una sociedad mejor y más justa, como en el orden democrático que resultaría de esa lucha.

Con esto, sin embargo, no queremos afirmar que la izquierda no haya también generado sus propios problemas.� Desde el momento inicial de formación partidaria izquierdista, las tendencias populares democráticas competían con los rasgos autoritarios y anti-democráticos de las tradiciones políticas dominantes en el país (caudillismo y gamonalismo). De esta manera, la relación entre partidos políticos y organizaciones populares, militantes y activistas de base, también estuvo preñada de las tensiones generadas por las mismas divisiones de clase, genero, raza, y procedencia geográfica que afectan la sociedad peruana en general.� Finalmente, la contradicción entre el «centralismo democrático» de los partidos izquierdistas y las promesas igualitarias y participatorias de su propio discurso constituyeron una constante fuente de fricción y conflicto.� Exacerbada por las tensiones entre los partidos de la «vieja» y la «nueva» izquierda, entre radicales y reformistas y entre tendencias vanguardistas y estatistas, la Izquierda Unida así como casi la totalidad de sus partidos miembros se fraccionaron después de disputas desgastantes y amargas.

Estas contradicciones se vieron subrayadas por el subsiguiente distanciamiento entre intelectuales y activistas. En el momento cultural marcado por el colapso de la Unión Soviética y la ofensiva cultural del neoliberalismo la mayoría de los más prominentes intelectuales izquierdistas peruanos se retrajeron de sus posiciones anti-sistémicas.� Algunos se alejaron de la vida publica. Muchos otros —quizás empujados a defender su posición como intelectuales públicos más que sus ideas de justicia social— abrazaron la ideología del «fin de la historia» y la primacía del mercado.� Estos retraimientos rompieron una tradición de décadas de relaciones orgánicas entre intelectuales de oposición y el movimiento popular.

Conclusiones

Si se define a «la izquierda» como sujeto histórico ligado a partidos, personalidades y proyectos estatales socialistas específicos, su historia puede fácilmente ser interpretada como una historia de derrotas y energías desperdiciadas. ²⁰ � Es el caso de recientes intentos de reflexión sobre el significado histórico de la izquierda peruana, que tienden a enfatizar sus defectos políticos e ideológicos como la razón más importante de su decadencia. ²¹ � En estos trabajos, los defectos reales de la izquierda —que fueron muchos—son exagerados a través de la fusión de diferentes partidos y organización en un solo monolítico bloque «marxista-leninista»; la simplificación de un abundante, complejo e históricamente cambiante cuerpo de trabajo intelectual y posiciones políticas, en una supuesta «ortodoxia»;� y el énfasis exclusivo en los aspectos autoritarios del socialismo «ortodoxo», desechando o ignorando las tendencias democráticas que coexistían al lado del «centralismo democrático». Estos recuentos parciales refuerzan el generalizado silenciamiento del papel político y cultural de la izquierda en los análisis y discusiones de los «nuevos» movimientos sociales en el Perú.

Lo que estos análisis ignoran —o en el mejor de los casos menosprecian— es el más amplio contexto internacional en el cual la izquierda peruana fue derrotada.� Este contexto incluye la economía política de un intercambio desigual de poder en el que las deudas nacionales son canjeadas por reestructuraciones económicas, «reformas» del estado y legislación anti-laboral. Incluye también a los agentes que orquestaron exitosamente la ofensiva ideológica del neo-liberalismo —incluyendo corporaciones multinacionales e instituciones multilaterales, bien financiados think-tanks de derecha, y las consabidas fuerzas del imperialismo norteamericano y europeo— ²² .� Uno de los más importantes subproductos de este ascenso del dogma neoliberal fue el de la vacilación� y desconfianza hacia cualquier proyecto con el menor indicio utópico, acción colectiva, comunitarismo, o incluso planeamiento a largo plazo.� Como hemos visto, en el caso del Perú, esta incomodidad con el pasado condujo a una retirada del debate publico, más o menos generalizada, de voces y posiciones de izquierda.

En oposición a esta historia derrotista sostenemos la importancia de crear una nueva historia de la izquierda como proyecto cultural e intelectual.� El legado de la izquierda descansa tanto en los difusos sentimientos críticos, espíritu de escepticismo e impulso hacia la resistencia que dieron lugar a manifestaciones como la de los Cuatro Suyos, como en las a veces autoritarias y extraviadas formas de liderazgo político y estructura partidaria que han constituido el fácil objetivo de recientes «historias» de la izquierda. ²³ � Considerado desde esta más amplia perspectiva cultural, el legado de la izquierda no solo es conducente hacia una sustantiva reevaluación del significado y contribuciones de las experiencias de los 60 y los 70, sino también de un entendimiento más realista de los orígenes culturales e históricos de los movimientos políticos y sociales de las décadas de los 80 y los 90.� Una vez que dejemos de lado el calificativo de «nuevo», tan frecuentemente utilizado para describir estos movimientos, y empecemos a considerarlos como sujetos históricos, el fantasma de la izquierda aparece como una fuerza seria —aunque a menudo negada o reprimida— detrás de los movimientos políticos de la era «post-socialista».

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